La batalla por el lobo en Asturias acaba de dar un giro radical. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha declarado ilegal el Programa Anual de Control del Lobo 2025-2026, una decisión que anula de facto las autorizaciones para abatir ejemplares y reabre un conflicto enquistado entre el sector ganadero, las administraciones y las organizaciones ecologistas.
El fallo afecta directamente a un plan que contemplaba la muerte de hasta 53 lobos en un año (2025-2026) y que, en la práctica, ya se había ejecutado parcialmente. La sentencia cuestiona esa actuación y el marco legal en el que se apoyaba.
La Justicia declara ilegal el plan del lobo por falta de base legal
El núcleo de la decisión judicial es claro. La Justicia da la razón a WWF España. El TSJA considera que el programa aprobado por el Principado de Asturias carecía de amparo legal porque se sustentaba en normativa ya derogada.
Según recoge la resolución, el lobo está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), lo que implica una protección estricta que limita de forma muy severa cualquier actuación letal sobre la especie.
El tribunal va más allá y establece un principio clave: cuando una especie está bajo este régimen, no se pueden autorizar capturas o muertes de forma generalizada dentro de un plan administrativo. Es decir, no basta con planificar cupos. También hay que justificar cada actuación de manera excepcional.
El Supremo ya había avisado: el control del lobo no puede ser generalizado
La sentencia del TSJA no surge en el vacío. Se apoya en una jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo que ya había cuestionado programas similares en años anteriores.
El alto tribunal estableció que la caza o control letal del lobo solo puede autorizarse cuando sea la única solución posible para evitar daños graves al ganado y siempre que se garantice el buen estado de conservación de la especie.
Además, el Supremo introdujo otra condición clave: las medidas deben ser selectivas, no generalizadas. Es decir, no se pueden fijar cupos amplios sin identificar concretamente los ejemplares o situaciones que justifican la intervención. Este marco legal es el que deja sin base jurídica al plan asturiano.
Decenas de lobos ya fueron abatidos antes de que el plan fuera anulado
Uno de los aspectos más controvertidos del caso es que el programa era, más que una simple previsión, una política ya ejecutada parcialmente.
Según datos recogidos en la propia resolución judicial, durante la vigencia del plan se abatieron decenas de lobos, una cifra cercana a los objetivos fijados inicialmente, de hecho.
Las organizaciones ecologistas que impulsaron el recurso —como Ecologistas en Acción o el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico— subrayan que ese daño es irreversible. Señalan con claridad que la sentencia confirma que esas muertes se produjeron bajo un marco legal incorrecto.
Ganaderos frente a ecologistas: el conflicto que vuelve a estallar
El conflicto del lobo en Asturias no es nuevo, pero esta sentencia lo intensifica. Por un lado, el sector ganadero reclama medidas de control ante el aumento de ataques al ganado, que generan pérdidas económicas importantes. En los últimos años, el número de incidentes ha crecido, eso es cierto. Y eso motorizó la exigencia de respuestas más contundentes por parte de la administración.
Y, por otro lado, las organizaciones conservacionistas, como la WWF España, insisten en que el lobo cumple una función ecológica esencial y que su control indiscriminado pone en riesgo el equilibrio de los ecosistemas.
La Justicia, con esta sentencia, parece inclinar la balanza hacia una interpretación más restrictiva del control de la especie.
El tema está muy bien explicado en Salvajes, una premiada película del cineasta asturiano Álex Galán.
La protección del lobo está cambiando en toda España
El caso refleja también la inestabilidad normativa en torno a su gestión. En 2021, el lobo fue incluido en el LESPRE, lo que elevó su nivel de protección en toda España. Posteriormente, decisiones políticas y cambios normativos han intentado flexibilizar ese marco, especialmente en comunidades del norte con alta presencia de la especie.
Sin embargo, los tribunales están marcando límites claros. La inclusión en el LESPRE implica que cualquier medida letal debe cumplir condiciones estrictas, alineadas con la Directiva Hábitats de la Unión Europea.
Esto coloca a las comunidades autónomas en una posición compleja: tienen competencias de gestión, pero deben ajustarse a un marco legal cada vez más exigente.
Lo preocupante es que la anulación del plan deja varias incógnitas abiertas. En primer lugar, no se sabe a ciencia cierta qué ocurrirá con las políticas de control del lobo a corto plazo. El Gobierno del Principado de Asturias ya había suspendido actuaciones tras anteriores fallos judiciales y ahora deberá replantear completamente su estrategia.
Tampoco está claro si habrá responsabilidades por las actuaciones ya realizadas, pero las organizaciones ecologistas no descartan exigirlas. Y además habrá que ver cómo se gestionará el conflicto con el sector ganadero, que reclama soluciones inmediatas ante los daños.
Lo cierto es que el caso del lobo en Asturias se ha convertido en un precedente clave para toda España y, en cierta medida, para Europa.
El equilibrio entre conservación de la biodiversidad y actividades económicas tradicionales como la ganadería extensiva es uno de los grandes debates ambientales actuales, y la sentencia del TSJA introduce un mensaje contundente: la protección legal de las especies no es compatible con políticas generalizadas de control letal si no están sólidamente justificadas.
Si deseas leer más artículos parecidos a La Justicia anula el plan para matar lobos en Asturias por ser ilegal y se reabre el conflicto entre ganaderos y ecologistas, te recomendamos que entres en nuestra categoría de Animales en peligro extinción.