La Comunidad de Madrid abre un expediente sancionador por los daños ambientales detectados en el norte de Alcorcón
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La Comunidad de Madrid ha iniciado un expediente sancionador contra URCOSA Inmobiliaria 97, S.L. por las actuaciones realizadas en varias parcelas situadas en el norte de Alcorcón, donde los informes de los Agentes Forestales apuntan a movimientos de tierras, eliminación de vegetación y una gestión de residuos que habría agravado la contaminación existente, incluida la dispersión y enterramiento de materiales con amianto.
La decisión de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior llega después de varios meses de denuncias públicas y administrativas presentadas por Ecologistas en Acción del Suroeste, organización que asegura haber alertado desde finales de abril sobre la evolución de los trabajos en estos terrenos.
Los informes apuntan a un agravamiento de la contaminación en el norte de Alcorcón
Según el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador, los Agentes Forestales constataron la realización de movimientos de tierras, decapados del suelo, desbroces de vegetación y la retirada, trituración, mezcla y enterramiento de residuos de construcción y demolición junto con otros residuos potencialmente peligrosos.
El expediente reconoce que se desconoce quién fue el responsable de los vertidos originales existentes en la zona, pero considera que las actuaciones posteriores habrían agravado el daño ambiental al fragmentar y dispersar los residuos sobre una superficie mayor y cubrirlos posteriormente con tierra, dificultando así su correcta gestión y aumentando la afección sobre el suelo.
La investigación se centra en las parcelas 6 y 153 del polígono 2 del término municipal de Alcorcón.
La presencia de amianto preocupa por sus posibles efectos
Uno de los aspectos que más preocupa es la presencia de placas de fibrocemento con amianto entre los residuos detectados.
Ecologistas en Acción sostiene que los trabajos realizados con maquinaria pesada podrían haber favorecido la fragmentación y dispersión de este material, incrementando el riesgo de contaminación del terreno. La organización considera necesario que las administraciones determinen el alcance real de la afección y evalúen si procede declarar estos terrenos como suelos contaminados.
Además del amianto, en la zona también se localizaron escombros de construcción y demolición, así como otros residuos abandonados.
Meses de denuncias antes de la apertura del expediente
La organización ecologista asegura que comenzó a documentar la situación a finales de abril, cuando detectó la presencia de maquinaria pesada, movimientos de tierras, eliminación de vegetación y acumulaciones de residuos en las parcelas afectadas.
Durante las semanas siguientes difundió imágenes de los trabajos y trasladó la información a distintas administraciones competentes. El pasado 5 de junio presentó una denuncia formal ante la Subdirección General de Inspección y Disciplina Ambiental de la Comunidad de Madrid solicitando la paralización cautelar de las actuaciones.
Sin embargo, Ecologistas en Acción lamenta que esa petición no fuera atendida y considera que una actuación administrativa más rápida podría haber evitado parte de los daños ambientales que ahora investiga la propia Comunidad de Madrid.
Los propietarios conocían la existencia de vertidos, según Ecologistas en Acción
La organización también recuerda que las parcelas pertenecieron al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) hasta su subasta en marzo de 2023.
Según Ecologistas en Acción, en la documentación de esa subasta ya se hacía referencia a la presencia de vertidos ilegales en los terrenos, por lo que los actuales propietarios eran conocedores de esa situación antes de adquirirlos.
Ecologistas en Acción discrepa de la gravedad de las infracciones
Aunque valora positivamente la apertura del procedimiento sancionador, Ecologistas en Acción considera que la Comunidad de Madrid rebaja la gravedad de los hechos al calificarlos como infracciones graves.
La organización sostiene que las actuaciones denunciadas encajarían en el supuesto de infracciones muy graves previsto en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, al entender que durante varios meses se habrían utilizado maquinaria pesada para fragmentar, dispersar y ocultar residuos potencialmente peligrosos, entre ellos materiales con amianto.
Asimismo, no descarta que, una vez concluya la investigación, los hechos pudieran derivar en posibles responsabilidades penales por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, extremo que deberá determinarse durante la tramitación del procedimiento.
Qué puede ocurrir a partir de ahora
La apertura del expediente sancionador supone el inicio de un procedimiento administrativo en el que deberán esclarecerse las responsabilidades por las actuaciones realizadas en estas parcelas del norte de Alcorcón.
Además de resolver sobre una posible sanción, Ecologistas en Acción reclama que se evalúe el alcance real de la contaminación, se adopten medidas para restaurar ambientalmente la zona afectada y se refuercen los mecanismos de vigilancia en este espacio, considerado de especial valor para la conectividad ecológica del suroeste madrileño.
Mientras continúa la investigación, el procedimiento abierto por la Comunidad de Madrid supone el primer reconocimiento oficial de que las actuaciones realizadas en estos terrenos pudieron agravar la contaminación existente, un aspecto sobre el que ahora deberán pronunciarse los órganos competentes.
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