Condenado a 18 meses de cárcel por almacenar toneladas de baterías de litio en su casa: el peligro que escondían estos residuos

Cuando se desarrolló la denominada operación Canaleja, en agosto de 2023, la Guardia Civil informó de la intervención de cerca de 45 toneladas de baterías de litio almacenadas clandestinamente en la vivienda. Para retirarlas fue necesaria la participación de una empresa especializada y seis camiones habilitados para transportar mercancías peligrosas.

Las cifras establecidas posteriormente en el procedimiento judicial son algo diferentes. Se contabilizaron 30.998 kilogramos de residuo bruto de baterías de ion-litio y 29.573 kilogramos netos una vez acondicionado el material para su correcta gestión.

El condenado había comenzado a reunir las baterías entre 2021 y 2023. Según las informaciones basadas en la resolución judicial, procedían de terceros y talleres mecánicos que las habían descartado. El hombre defendió que muchas todavía funcionaban y que pretendía utilizarlas para un sistema de autoconsumo fotovoltaico.

La justicia rechazó este argumento: que una batería pueda conservar cierta capacidad de funcionamiento no significa automáticamente que haya dejado de ser un residuo cuando su anterior poseedor ya se ha desprendido de ella.

La investigación comenzó a tomar forma después de que la Guardia Civil interceptara un palé de unos 650 kilos de baterías. Al inspeccionar posteriormente la vivienda, los agentes descubrieron la magnitud del almacenamiento clandestino.

El peligro no reside simplemente en tener muchas baterías juntas. El problema es su estado, la forma en que se almacenan y lo que ocurre si están dañadas, se manipulan incorrectamente o terminan liberando sus componentes.

Una batería de ion-litio contiene diferentes materiales y sustancias que deben recuperarse o tratarse en instalaciones apropiadas. Una gestión incorrecta puede provocar contaminación y, además, desperdicia recursos valiosos cuya recuperación reduce la necesidad de extraer nuevas materias primas.

En Otero de Herreros, algunas baterías se encontraban deterioradas y estaban almacenadas junto con materiales combustibles, una combinación que incrementaba el riesgo.

Uno de los principales peligros de estas baterías es el incendio. Si una celda resulta dañada, sufre un cortocircuito, se sobrecalienta o se manipula incorrectamente puede desencadenarse un proceso conocido como "fuga térmica". La temperatura aumenta rápidamente y el fenómeno puede propagarse a las celdas próximas.

Cuando las baterías arden, además, el fuego puede ser difícil de controlar y producir gases y humos tóxicos. En un almacenamiento de decenas de toneladas, las consecuencias potenciales son muy diferentes de las asociadas a la batería de un único dispositivo doméstico.

También existía un problema relacionado con el transporte. La Guardia Civil señaló durante la investigación que las baterías se trasladaban sin comunicar adecuadamente la naturaleza de la carga y sin las condiciones exigidas para mercancías peligrosas. Para retirar legalmente el material incautado tuvieron que emplearse vehículos con autorización ADR.

La dimensión ambiental explica por qué el caso ha acabado en la vía penal. La condena establece 18 meses de prisión, además de una multa de 13 meses con una cuota diaria de seis euros y 20 meses de inhabilitación para actividades relacionadas con la gestión, tratamiento, almacenamiento o comercialización de residuos peligrosos.

A ello se añade una consecuencia económica especialmente importante: el condenado deberá asumir los costes relacionados con la retirada y tratamiento adecuado de los residuos. La resolución todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

El caso también sirve para explicar una paradoja de la transición energética. Las baterías de litio son una tecnología clave para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, pero eso no convierte en sostenible cualquier utilización de ellas. Fabricarlas requiere materias primas y energía, mientras que su final de vida exige sistemas capaces de recogerlas, transportarlas, clasificarlas, reutilizarlas cuando sea posible y reciclarlas con seguridad.

Precisamente por eso, la normativa europea sobre baterías busca avanzar hacia un modelo circular en el que aumenten la recogida, el reciclaje y la recuperación de materiales. La reutilización puede prolongar la vida de determinadas baterías, pero debe hacerse bajo condiciones técnicas y de seguridad adecuadas.

El caso de Segovia demuestra el extremo contrario: acumular decenas de toneladas de baterías descartadas en una vivienda, manipularlas sin las autorizaciones correspondientes y almacenarlas en condiciones inseguras transforma un recurso potencialmente aprovechable en un grave riesgo ambiental y de seguridad.

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